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Paquete de leyes contra la escuela pública

El proyecto del Pro para eliminar las Juntas de Clasificación Docente no es una iniciativa aislada. Amparado en el respaldo obtenido en los comicios de julio pasado, urgido por aprobar en recinto las leyes más polémicas antes del recambio parlamentario e inspirado por la lógica empresarial insuflada por el subsecretario Andrés Ibarra, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, analiza la posibilidad de crear una subsecretaría de Recursos Humanos y Evaluación Educativa al frente de la cual designaría a Alejandro Finocchiaro, uno de los hombres que recomendó la contratación del espía Ciro James, mientras que el titular de la cartera educativa local, Esteban Bullrich, impulsa un esquema de evaluación docente para rankear a los maestros.

"Vienen por la educación pública", dijo un supervisor de distrito días atrás. Y aunque desde Paseo Colón 255 desmientan esa hipótesis, sobran datos objetivos para sustentarla.

En primer lugar, la participación de las partidas previstas para educación en 2012 cae medio punto porcentual respecto del total, en comparación con el actual ejercicio económico. "En 2011, el presupuesto educativo constituye el 26,67 por ciento de la planificación general de gastos y recursos pero para el año entrante el Gobierno porteño va a destinar el 26,07 por ciento", graficó el legislador Francisco "Tito" Nenna (Encuentro Popular para la Victoria).

Por otra parte, la agenda de la Legislatura incluye por estos días un cronograma de reuniones de la Comisión de Educación, donde los asesores de los diputados discuten con los representantes de los gremios sobre el proyecto que reemplazaría las Juntas de Clasificación Docente por una Oficina Única de Clasificación Docente. "El Estatuto Docente es nuestro convenio colectivo de trabajo y no se puede modificar si no es con el acuerdo de las partes", expresó la secretaria general de CTERA, Stella Maldonado, en referencia a la supresión del artículo 10 de esa norma que Bullrich pretende borrar.

Los 17 sindicatos rechazan el proyecto macrista, firmado por los diputados del Pro Enzo Pagani y Victoria Morales Gorleri y acompañado por su par de la Coalición Cívico Juan Pablo Arenaza. En tanto, Nenna indicó que "el Pro presentó un proyecto elaborado a espaldas de los trabajadores pero la única manera de destrabar el conflicto es aceptando el protagonismo de los maestros en la construcción de una ley que mejore el funcionamiento del sistema educativo y garantizando las elecciones de juntas para el 3 de noviembre", y añadió que "Bullrich sueña con trocar un órgano de cogobierno compuesto por trabajadores electos entre docentes por una oficina de recursos humanos".

Al respecto, el ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, enfatizó en la necesidad de que las diferencias se salden mediante "el diálogo". Sin embargo, subrayó que la solución estriba en legislar "con los trabajadores, no sin ellos ni contra ellos".

Tampoco es menor el hecho de que trascendiera por la prensa que Macri dispondría la creación de una nueva dependencia dentro de la cartera conducida por Bullrich, para instrumentar la evaluación docente bajo parámetros internacionales y terminar de introducir las nociones de mercado en la administración de los recursos destinados a la escuela pública. Los maestros informaron que Finocchiaro, número puesto para encargarse de ese espacio, participó de las reuniones entre el ministro y los sindicatos, en pleno debate. "El que sabe de ñoquis es Finocchiaro", chicaneó Eduardo López, titular de la UTE, cuando el ingeniero en sistemas al frente del Ministerio ponía en duda el presentismo y la capacidad de trabajo de los representantes de juntas.

Por último, fuentes parlamentarias advirtieron que circula entre los despachos Pro y el Ministerio de Educación la intención de instalar en agenda un debate sobre la calidad educativa. "De nuevo sería un error legislar sobre calidad educativa sin discutir primero otras cuestiones", adelantó Nenna, y argumentó: "ponen el carro delante de los caballos, por un lado, porque se encierran en un despacho para elaborar normas que inciden sobre más de 50 mil trabajadores y 300 mil estudiantes y, por otro, porque pretenden regular el marco antes de garantizar los fondos para sustentarlo".

Bajo ese enfoque, el diputado kirchnerista recordó que, a nivel nacional, primero se sancionó una Ley de Financiamiento y luego se discutió durante un año en foros, universidades y sindicatos, de cara a la comunidad educativa y de manera franca y participativa, un proyecto de Ley de Educación. Recién ahora que se destina el 6.47 por ciento del PBI a la inversión en educación, se puede asumir la necesidad de zambullirse a los tópicos vinculados a la calidad en la Argentina.

"Pero no se puede hablar de calidad educativa en las escuelas porteñas cuando la Ciudad de Buenos Aires, siendo uno de los distritos más ricos del país, invierte en educación lo mismo que las provincias más pobres", sostuvo Nenna. Con ese criterio, concluyó: "mientras que provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, gobernadas por partidos de diferente signo político, destinan más del 30 por ciento de sus presupuestos para la educación, el macrismo invierte sólo 26 puntos porcentuales".